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JUICIOS RAPIDOS.


Interesantes artículos sobre el tema de los juicios rápidos y su procedimento legal.
Sobre los juicios rápidos
Guías editadas por el C.G.P.J. sobre los JUICIOS RÁPIDOS por delitos.

Esquema de los JUICIOS RÁPIDOS, donde se puede observar la tramitación de este tipo de proceso penal para el enjuiciamiento de delitos menos graves (castigados con penas de hasta 5 años de prisión) de carácter flagrante, que suelen producir inseguridad ciudadana.


EL TESTIGO EN EL PROCESO PENAL.


LA DENUNCIA.


EL JUICIO INMEDIATO DE FALTAS.


DILIGENCIAS DE LOS ATESTADOS.



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA REALIZACIÓN DE ATESTADOS Y PARTES DE SERVICIO.


LA DETENCIÓN.



EL IMPUTADO NO DETENIDO (a partir del día 06/12/15 será llamado el INVESTIGADO).

Conclusiones donde se expresa el carácter jurídico procesal del IMPUTADO NO DETENIDO en la realización del Atestado Policial, ¿qué derechos le informamos?, ¿es necesaria la asistencia letrada aunque no se acoja al derecho de manifestar?, por el contrarío ¿sería obligatorio llamar al abogado aunque no desee declarar? etc.



El imputado no detenido, tiene los mismos derechos que cualquier persona ante una detención normal; por ello habrá que LLAMAR OBLIGATORIAMENTE AL ABOGADO, ya sea nombrado por el imputado no detenido o de oficio. Es decir, si no nombra abogado se avisará al abogado de oficio para que le asista en las dependencias policiales, exactamente igual que si estuviera detenido.

LOS EMPLAZAMIENTOS PARA COMPARECER EN EL JUZGADO REALIZADOS A ALGUNOS DETENIDOS, SEGÚN LA Circular número 734, de 21 de enero de 1983, de la Dirección General de la Policía:La Fiscalía General del Estado ha interesado de la Dirección de la seguridad del Estado, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su función de Policía Judicial, observen el mas exacto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la LECrim., al estimar como proceder no ajustado a nuestro ordenamiento jurídico el hecho de que, como norma general de actuación, personas acusadas ante la Autoridad Judicial por la eventual comisión de supuestas infracciones penales de poca entidad, quedan retenidas en dependencias policiales hasta su conducción y presentación en el Juzgado, al entender que se trata de una medida de privación de libertad que en numerosas ocasiones no reúne las condiciones que legalmente se exigen para asegurar el resguardo del acusado en orden al buen fin del proceso, basados en el triple soporte de la convicción racional de la comisión del hecho delictivo, de la participación del denunciado y de la fundada sospecha de que, sin otros afianzamientos posibles, eludirá la acción de la justicia por incomparecencia ante el Juez o Tribunal competente cuando sea llamado a tal efecto.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado articulo 493 de la LECrim., en aquellos supuestos en los que el denunciado tenga acreditada su identidad, domicilio o residencia habitual, carezca de antecedentes policiales y sea acusado de delito o faltade escasa gravedad (especialmente si son de carácter formal o infraccional) la actuación policial se limitará, en lo que se refiere a la situación personal del inculpado, a transmitir al interesado la obligación que tiene de comparecer ante el Juzgado competente cuando para ello sea citado por el mismo, a dejar constancia en las diligencias policiales de dicha advertencia y a remitir lo actuado a la Justicia, sin que, en estos supuestos sea preciso, por tanto, la entrega material del detenido a la Autoridad judicial.


LA CONFORMIDAD EN LOS JUICIOS RÁPIDOS, ante el Juzgado de Guardia.

Artículo 801 de la Ley de Enjuiciamieno Criminal.

1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento del artículo 787, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:
  1. Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.
  2. Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.
  3. Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.
2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución.3. Para acordar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastará, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3 del Código Penal, con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en que de conformidad con el artículo 87.1.1 del Código Penal sea necesaria una certificación suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere el apartado 2, el Juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, remitiendo el Secretario judicial seguidamente las actuaciones junto con la sentencia redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.5. Si hubiere acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de defensa, prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en los apartados anteriores.
EL ARTÍCULO 197 DEL CÓDIGO PENAL, ENGLOBADO DENTRO DEL TÍTULO X "DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO", EN EL CAPÍTULO I "DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS". En relación al caso de la concejala Olvido Hormigos y toda la expectación que se ha creado en torno al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Se inserta, a continuación, un estudio del citado artículo 197 del vigente Código Penal.

Instrucción de 20 de enero de 2003 sobre la CUSTODIA DE LOS DETENIDOS, emanante de la Subdirección General Operativa del Ministerio del Interior.

Actuación a seguir en el caso de intervenir en un presunto delito de usurpación de inmueble, vivienda o edificio ajenos, reseñado en el art. 245.2 del Código Penal El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular” que “será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. Los elementos del tipo que tienen que darse forzosamente para poder apreciar la existencia de este delito son los siguientes:


a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia.
b) Que el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque sea temporalmente o en calidad de precarista, el titular de la vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión.
c) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio “contra la voluntad de su titular”, que en tal caso deberá ser expresa.
d) Que concurra
dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio”.

Por ello, la ACTUACION POLICIAL, será:1. Identificación completa de los inquilinos que ocupan la vivienda, local o edificio.2. Identificación, en su caso, del propietario del edificio, en caso de realizarse, invitarle a formular denuncia por los hechos.3. Que se presuma, tras las primeras indagaciones, que no se ha ejercido violencia o intimidación en la ocupación y que, lógicamente, el propietario se niegue a esta ocupación ilegal.4. La detención, imputación o diligencia de conocimiento al Juzgado por estos hechos; dependerá del concreto caso, es decir, que se observe un estado de necesidad, razones humanitarias, niños pequeños en la vivienda, u otros motivos razonables por parte de la familia "ocupa".

SOBRE EL DELITO DE DESOBEDIENCIA GRAVE, ART. 556 DEL CODIGO PENAL.

Según la DOCTRINA, los requisitos son los siguientes:

  1. Que se trate de un mandato o de una orden procedente de la autoridad o de sus agentes, emitida dentro del marco de sus competencias o atribuciones.

  2. Que tal orden sea exprea, terminante y clara, y que se haga conocer a su destinatario por medio de un requerimiento formal, personal y directo.

  3. Que el sujeto requerido no cumpla la orden colocándose ante ella en actitud de rebeldía o de manifiesta oposición.


Según la JURISPRUDENCIA, los requisitos son:

  1. El carácter terminante, directo o expreso de la orden dictada por la autoirdad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

  2. Su conocimiento real y positivo, por el obligado.

  3. La existencia de un requerimiento por parte de la autoridad hecho con las formalidades legales sin que sea preciso que conlleve el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, en caso de incumplimiento.

  4. La negativa u oposición voluntaria, obstinada o contumaz a la misma, con objeto de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad o sus agentes.

  5. Se debe alcanzar una especial gravedad al objeto de diferenciar el delito de la falta de desobediencia del artículo 634 CP.



DIFERENCIAS ENTRE EL DELITO DE ATENTADO A LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD, DESOBEDIENCIA GRAVE Y LA FALTA DE CONSIDERACIÓN Y RESPETO HACIA LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD.


Resumiendo la doctrina jurisprudencial y con el fin de clarificar la relación gradatoria entre los tipos penales de atentado, resistencia y falta contra agente de la autoridad, señala de mayor a menor la escala siguiente:

a) Art. 550: resistencia activa grave;

b) Art. 556 : resistencia pasiva grave y resistencia activa no grave o simple; y

c) Art. 634: resistencia pasiva leve.

Y a la hora de trazar la línea divisoria entre la resistencia pasiva grave o activa simple (art. 556 del CP) de la resistencia y desobediencia leve (art. 634), establece la referida jurisprudencia como criterios determinantes de la calificación de delito del art. 556, entre otros, los siguientes:

a) La reiterada y manifiesta oposición al cumplimiento de la orden legítima, emanada de la autoridad y los agentes.

b) La grave actitud de rebeldía.

c) La persistencia en la negativa, esto es, en el cumplimiento voluntario del mandato.

d) La contumaz y recalcitrante negativa a cumplir con la orden.

Pues bien, al aplicar al caso concreto los anteriores parámetros jurisprudenciales resulta patente que nos hallamos ante un delito de resistencia y no ante una falta de desobediencia o de falta de respecto o consideración a los agentes de la autoridad.
ALGO MÁS SOBRE EL DELITO DE ATENTADO, ARTÍCULO 550 Y EL DE DESOBEDIENCIA, ARTÍCULO 556, EXTRAÍDO DE LA SENTENCIA Nº 580 de 21 de Julio de 2014 de la SALA de lo PENAL del TRIBUNAL SUPREMO.
La Sala recuerda que existe mucha jurisprudencia que encuadra los acometimientos consistentes en puñetazos, en delito de atentado.
La figura del atentado (art. 550 CP) abarca tanto el acometimiento o la fuerza como la resistencia activa, también grave, contra la autoridad en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas. En consecuencia, la figura delictiva del art. 556 CP (delito de resistencia) queda limitada a la resistencia no grave o pasiva a la que se equipara con la desobediencia grave.
Recuerda también la Sala que los requisitos del delito de atentado son los siguientes:
- Que el sujeto pasivo tenga el carácter de autoridad
- Que se encuentre en el ejercicio de las funciones de su cargo
- Que el acto constituya acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave.
- Que el sujeto activo conozca la cualidad del sujeto pasivo
- Que el sujeto activo quiera ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad

La jurisprudencia advierte que el atentando se perfecciona incluso con el acto de acometimiento no llegara a consumarse; lo esencial es la embestida y ataque violento y se equiparan los actos corporales (puñetazos y patadas) con la utilización de medias agresivos materiales.

EL CONTRABANO DE MERCANCÍAS,¿DELITO O INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA?
El contrabano de mercancías está regulado por la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. En el artículo 2, se reseña los actos que son considerados DELITOS:1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros:se refiere al contabando de mercancías.2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros:3. Cometen, asimismo, delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:
  1. Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.
  2. Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.

Artículo 11.1: Si no se cumplen los requisitos anteriores, serán considerados y denunciados los hechos como INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS según artículo 11 y ss. de la citada Ley. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 150.000 o 50.000 euros, respectivamente, o a 15.000 euros si se trata de labores de tabaco , y no concurran las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 de dicho artículo.2. Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes:
  • Leves: inferior a 37.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, inferior a 1.000 euros.

  • Graves: desde 37.500 euros a 112.500 euros; si se trata de labores de tabaco, desde 1.000 euros a 7.200 euros o, si se trata de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, desde 1.000 euros a 12.000 euros.

  • Muy graves: superior a 112.500 euros; si se trata de labores de tabaco, superior a 7.200 euros o, si se trata de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, superior a 12.000 euros.

Según el artículo 12 el importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 500 euros. En el tema del contrabando de tabaco, hay que percatarse que las cajetillas de tabaco carezcan del precinto reglamentario. Intervención de tabaco por la Guardia Civil. Periódico digital ABC.


Las medidas complementarias quedan reflejadas en el artículo 14.2 "Antes de iniciado el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, las autoridades, los funcionarios y las fuerzas que, en el ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir infracción administrativa de contrabando, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con el artículo 5 de esta Ley, puedan resultar decomisados".


ACTUACIÓN POLICIAL en caso de INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

  • Identificación de los responsables.

  • Registro de vehículos, si es en la vía pública.

  • Comprobación, en el caso del tabaco, que carecen de los precintos correspondientes.

  • Aprehensión cautelar de la mercancía realizándose Acta de Intervención.

  • Medida complementaria de intervención o comiso de los medios o instrumentos utilizados en la comisión de la infracción (ej: vehículos utilizados por los infractores), todo ello, si los bienes decomisados objeto de sanción superan los 3.000 euros).

  • Extender el correspondiente boletín de denuncia por infracción a la Ley.

  • Se remitirá el expediente a la autoridad competente para conocer de las infracciones de contrabando los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la forma en que se disponga reglamentariamente (artículo 13 de la Ley).


CÓMO SABER SI UN PAQUETE DE CIGARRILLOS ES DE CONTRABANDO.

Es fácil, sólo hay que observar que dicha cajetilla carezca del precinto establecido legalmente que constata que se han abonado los impuestos y aranceles correspondientes. En caso de carecer, estaríamos ante un caso de tabaco de contrabando, contraviniendo lo establecido en la legislación.

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El principio de insignificancia en el derecho penal.


Las afectaciones de bienes jurídicos exigidas por la tipicidad penal requieren siempre de alguna entidad -de alguna gravedad-, por lo cual, no toda afectación mínima al bien jurídico es capaz de configurar la afectación requerida por la tipicidad penal. Según el principio de insignificancia o bagatela las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines dela tipicidad objetiva, y he de destacar que en casi todos los tipos en los que los bienes jurídicos admitan lesiones graduables, es posible concebir actos que sean insignificantes.
Siguiendo esta línea de pensamiento “La insignificancia de la afectación excluye la tipicidad, pero la misma sólo se puede establecer a través de la consideración conglobada de la norma: todo el orden normativo persigue una finalidad, tiene un sentido, que es el aseguramiento jurídico para posibilitar la coexistencia que evite la guerra civil (la guerra de todos contra todos). La insignificancia sólo puede surgir a la luz de la finalidad general que le da sentido al orden normativo y, por ende, a la norma en particular, y que nos indica que esos supuestos están excluidos de su ámbito de prohibición, lo que no se puede establecer a la simple luz de su consideración aislada”.
Conclusión: A veces, en nuestra labor policial diaria, hay hechos que, técnicamente pueden ser catalogados como delitos o faltas, pero que, en aplicación al principio de insignificancia se dan algunos casos (no todos lógicamente) en los que el acto en sí mismo es tan laso, insignificante o mínimo que, como se ha dicho, carezca de la entidad suficiente para que se pueda catalogar como una acción típica, por ello, en estos casos, estas acciones irrelevantes pueden ser atípicas, en aplicación de este principio (y del sentido común).

Relacionado con el principio anterior, hay que hacer referencia en materia penal al PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, en el que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones en relación con este principio de intervención mínima. Concretamente, su Sala 2ª, en su Sentencia nº 670/2006, de 21 de junio, establece que la vigencia de dicho principio “supone que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico”. Así, pues, el Derecho Penal tiene ese carácter de herramienta última o final y, en cierto modo, subsidiaria, respecto de las otras especialidades del Derecho, tales como el Derecho Administrativo, el Civil, el Laboral o el Mercantil.

La diferencia sustancial entre la infracción administrativa y el delito de conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.


Es un criterio jurisprudencial y forense consolidado, que la diferencia entre el ilícito administrativo y el penal, cuando se trata de conducción bajo ingesta alcohólica, radicaba entre otros aspectos, en el carácter meramente formal de la norma administrativa de superar una determinada ingesta alcohólica mediante las oportunas periciales, en tanto que el ilícito penal supera esa trasgresión formal para exigir la acreditación de un peligro real para la seguridad del tráfico, esto es, la influencia en las facultades psicofísicas necesarias para la conducción poniendo en peligro los bienes jurídicos protegidos en la norma.


LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL. LA PRISIÓN PROVISIONAL.
Apuntes sobre las medidas cautelares en el proceso penal, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CONCLUSIONES sobre la PRISIÓN PROVISIONAL.La prisión provisional
  1. No es obligatoria; tiene un carácter excepcional por lo que deberá acordarse como "ultima ratio" cuando sea estrictamente necesaria atendiendo a las especiales circunstancias del caso; y en ningún caso se puede aplicar con fines punitivos.

  2. Puede persistir todo el tiempo que dure el proceso en tanto que las causas que la motiven no desaparezcan.

  3. Presupuestos para acordar la medida de PRISIÓN PROVISIONAL, arts. 504 y 505 de la LECrim.:

    • Que conste en la causa un hecho que revista los caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

    • Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

    • Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

      • Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
      • Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de pruebarelevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
      • Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos, no será aplicable el límite de penas, es decir, la pena puede ser inferior a 2 años.
    • También podrá acordarse la prisión provisional, cuando la pena a imponer sea igual o superior a 2 años de prisión y que hayan motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quién haya de dictar el auto de prisión, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.

NOTA: El hecho de que el legislador haya establecido estos criterios generales, no quiere decir que se deban aplicar con carácter automático desde el momento en que se aprecie su concurrencia.


Procedimiento para acordar la prisión provisional.a) El procedimiento ordinario, que tiene como característica esencial la necesidad de realizar una contradicción previa por medio de una audiencia, siendo condición indispensable para acordar la medida, que alguna de las acusaciones la solicitare, ya que el órgano jurisdiccional no la puede acordar de oficio. En concreto, el procedimiento es el siguiente: el Juez o Tribunal competente (salvo que decretare su libertad provisional sin fianza) para conocer de la causa, convoca a una audiencia a todas las partes personadas y al imputado, siendo obligatoria la presencia del Ministerio Fiscal y la del imputado asistido de abogado (art. 505.1); en dicha audiencia, las partes formularán sus alegaciones y propondrán los medios de prueba que estimen oportunos para que se practiquen en el acto o en las setenta y dos horas siguientes (art. 505.2 de la LECrim.), debiendo formular sus peticiones en relación con la prisión; concluirá con el auto del órgano jurisdiccional que resolverá sobre la procedencia o no de la medida (art. 505.3). Tal y como hemos dicho, si las partes no solicitan la prisión, el Juez deberá acordar la cesación de la detención y la inmediata puesta en libertad del inculpado; pero, si la solicitan, puede no acordar la prisión si estima que no concurren sus presupuestos (art. 505.4).
b) El procedimiento excepcional, cuya característica fundamental radica en que el órgano jurisdiccional puede acordar la prisión provisional sin contradicción previa si concurriesen en el imputado los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con fianza; la comparecencia se debería de realizar dentro de las setenta y dos horas siguientes al auto acordando la prisión (art. 505.5).

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
La propiedad intelectual.

Supuestos prácticos de los delitos contra la propiedad industrial.


PRÁCTICOS MANUALES SOBRE HURTOS Y ROBOS (http://www.infopolicial.com).


SOBRE LA FALTA Y EL DELITO DE DAÑOS.

¿Qué hacemos si interceptamos a un individuo que ha partido, por ejemplo, los espejos retrovisores de 5 coches y cada uno está valorado individualemente en menos de 400 euros? Sin embargo, la cuantía total de todos supera claramente los 400 euros. ¿Se podría explicar como una falta continuada de daños? Según lo establecido en el artículo 74.2 del Código Penal:

2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.
Como ejemplo se inserta una sentencia sobre al asunto: Sentencia sobre DELITO de daños

EL DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO, ARTICULO 195 DEL CÓDIGO PENAL (http://www.tusabogadospenalmadrid.com/penal/delito-de-omision-del-deber-de-socorro/).

Artículo 195.

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.

¿Cuándo se puede producir este delito?

La omisión del deber de socorro consiste en omitir el socorro a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando se puede hacer sin riesgo propio ni de tercero. El reproche se eleva a la categoría de delito cuando se falta a los deberes de solidaridad frente a una situación determinada, concreta y restringida, ante un peligro inminente y grave para una persona desamparada.
Sus elementos han sido definidos por la jurisprudencia como:
1º) Una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma patente y conocida y que no existan riesgos propios o de un tercero, como pueda ser la posibilidad de sufrir lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que necesita.
2º) Una repulsa por el ente social de la conducta omisiva del agente.
3º) Una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar”.

OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO A LA VÍCTIMA DEL ACCIDENTE.


El sujeto pasivo es la víctima del accidente ocasionado por el que omite el auxilio y respecto del cual el deber de solidaridad es mucho más fuerte, ya que la situación de peligro creada por el omitente le coloca en una posición de garante, aunque algunos autores nieguen la existencia de tal posición.
Al introducir este artículo en el CP comenzaron a darse problemas de interpretación sobre si era de aplicación el mismo en el supuesto de que el causante del accidente omitiera prestar a la víctima por él causada el auxilio necesario, cuando tal auxilio hubiera sido prestado por otras personas presentes en el lugar. Aunque se dictaron algunas sentencias en ese sentido, posteriormente se cambió la línea jurisprudencial, y de esta forma, el Tribunal Supremo ha declarado que quien ocasiona un accidente tiene el deber personalísimo de atender a la víctima que quede lesionada como consecuencia del mismo, deber que no puede excusarse por el hecho de que haya otras personas allí respecto de las cuales también pesa el mismo deber de prestar socorro si pueden hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, precisamente porque la intensidad de tales deberes no es la misma, siendo mayor la del que produjo el atropello por su injerencia en el suceso y porque, en todo caso, la inexistencia de unos no excusa la de los otros, pues si no fuera así llegaríamos al absurdo de que cuanta más gente hubiera en el lugar del accidente más razones existirían para que ninguno tuviera el deber de atender.
La STS de 19-1-2000 dice “El delito de omisión del deber de socorro requiere para su existencia:
“una conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma patente y conocida y que no existan riesgos propios o de un tercero, como pueda ser la posibilidad de sufrir lesión o perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que necesita;
una repulsa por el ente social de la conducta omisiva del agente; y
una culpabilidad constituida no solamente por la conciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además por la posibilidad del deber de actuar.
EL DEBER DE SOCORRER.

Ese deber de socorrer es especialmente exigible respecto de aquel que ocasiona el accidente que produce una víctima. Sólo se excusa ese deber penalmente sancionado si se cerciora el causante de que únicamente se han causado lesiones leves (entonces no hay peligro grave) o, por el contrario, de que ya se ha producido la muerte (entonces no hay persona desamparada), pudiendo aplicarse al caso la figura del delito imposible, por ausencia de sujeto pasivo cuando se produce la muerte instantánea y el que ocasiona el accidente, sin conocer tal circunstancia, creyendo que sólo se trata de un herido, abandona el lugar, y también cuando se comprueba que hay otras personas que efectivamente están ya prestando la asistencia en la misma medida, al menos, que pudiera hacerlo el que ocasionó el hecho.

Comentario extraído de la web reseñada sobre el delito de OMISION DEL DEBER DE SOCORRO.


EL DELITO DE INJURIAS.

El artículo 205 define como calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La injuria se define en el artículo 208 como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Existe una diferencia fundamental en su punición: el artículo 207 establece que el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado.
Cabe destacar dos aspectos: para la persecución, tanto de la injuria como de la calumnia, es necesaria la presentación de querella por parte del agraviado, algo que se olvida demasiado a menudo. En segundo lugar, en la medida de lo posible, recomiendo que cuando se impute a alguien un delito a través de Internet, se aseguren de poder probarlo.
Un caso arquetípico de injurias a través de Internet se realiza a través de los foros públicos: se insulta, se suplanta la personalidad de otro, y en ocasiones se llegan a realizar ofertas sexuales poniéndolas en nombre de otra persona (http://biblioweb.sindominio.net/telematica/republica/node20.html).
Pero, ¿Qué pasa cuando se ofenden a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿Es necesaria la interposición de querella? La respuesta es negativa y la solventa el artículo 215.1, al señalar que: "Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos". Por ello, se actuará directamente, es decir, realizándose el oportuno atestado con la detención o imputación del denunciado, si procede.

LA APROPIACIÓN INDEBIDA.

Diferencias entre el delito de apropiación indebida (art. 252 del CP) por depósito o entrega y el delito de apropiación indebida de lo hallado (cosa perdida, art. 253) en la vía pública o en cualquier lugar o establecimiento público o privado que pertenezca a dueño desconocido (http://somos-policias.blogspot.com/2013/02/lo-que-no-es-tuyo-no-es-tuyo-la.html), extraído de la Web "Somos policías".

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.


El CODIGO PENAL ha sido reformado por la LO 1/2.015, de 30 de marzo, en la que se modifican muchísimos artículos de esta importante norma y añaden nuevas formas de actuación y aplicación de la ley penal, tales como: la prisión permanente revisable, los delitos leves, la derogación del Libro III referente a las Faltas, modificación de los artículos referentes a la suspensión y sustitución de las penas, el tercer grado, la libertad condicional, del homicidio, del asesinato, del homicidio por imprudencia. También hace una importante reforma en la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, creando UN PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE LOS DELITOS LEVES (en realidad es el mismo que el anterior, utilizado para las antiguas faltas penales).



También, mediante la LO 2/2.015, de 20 de marzo, ha reforma el CODIGO PENAL en materia de delitos de terrorismo.



* La entrada en vigor de ambas reformas se hará efectiva el día 01/07/2.015 *


Se han elaborado diversas instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre las referidas normas.

Sobre la reforma del CÓDIGO PENAL:

1. Circular 1/2015, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la LO 1/2015.

2. Circular 2/2015, sobre los delitos de pornografía infantil tras la reforma operada por LO 1/2015.

3. Circular 3/2015, sobre el régimen transitorio tras la reforma operada por LO 1/2015.

4. Otros documentos sobre la reforma:



VIDEOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY (NETPOL).












Esta reforma de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, POR LO 5/2.015, DE 27 DE ABRIL, entró en vigor el día 28 de octubre de 2.015 y en cuanto a los derechos del detenido sólo duró 4 días.

Especialmente se modifican los artículos 118 (derechos del imputado no detenido) y 520 (derechos de los detenidos).




NUEVA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, MEDIANTE LO 13/2.015, DE 5 DE OCTUBRE, ESPECIALMENTE EL ART. 520 QUE SE VUELVE A MODIFICAR EN TODA SU EXTENSIÓN, PARA SU TRANSPOSICIÓN A LA DIRECTIVA 2.013/48/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 22 DE OCTUBRE DE 2.013.

El punto 3º de la Exposición de Motivos de esta Ley Orgánica dice lo siguiente:


Resulta necesario transponer en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Para ello se modifican los artículos 118, 509, 520 y 527 y se introduce un nuevo artículo 520 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la introducción de las previsiones que el Derecho de la Unión Europea requiere, entre las que destaca el régimen de asistencia de abogado al detenido.
El contenido de la Ley Orgánica entra en vigor a los dos meses de la publicación en el BOE (06/10/15), por lo que se hará efectiva el próximo día 06/12/15. No obstante, hay algunos apartados, entre ellos los que modifican el importantísimo art. 520 que entraron en vigor el día 1 de noviembre de 2.015, es decir, cuatro días después de la entrada en vigor de la anterior modificación de este artículo por la LO 5/2.015, de 27 de abril. Reseñar que entre las reformas que entran en vigor el día 06/12/15 se encuentra la "sustitución de términos", en las que el imputado pasa a ser investigado y el procesado pasa a llamarse encausado, términos que en principio parecen ser menos inquisitivos.



También se ha modificado por la Ley 41/2.015, de 5 de octubre, sobre modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Esta Ley, en principio y bajo mi punto de vista, sólo afecta a un par de artículos, más o menos importantes, pero sobre todo el art. 964 que regula el procedimiento de delitos leves.


EL DELITO DE CONDUCCIÓN TEMERARIA, ART. 380 DEL CÓDIGO PENAL (de la web:Elderecho.com).


Requisitos del art. 380 CP. Exigencia de peligro concreto:
La STS, Sala 2ª, de 4 de diciembre de 2009 (EDJ 2009/300003) señala cuáles son los requisitos del tipo penal:
1º. Conducción de un vehículo a motor entre los cuales se encuentran los llamados ciclomotores.
2º. Hay que conducir el vehículo con temeridad manifiesta, es decir, la temeridad ha de estar acreditada. Temeridad significa imprudencia en grado extremo, pero también osadía, atrevimiento, audacia, irreflexión, términos compatibles con el llamado dolo eventual. Es lo contrario a la prudencia o la sensatez.
3º. Tiene que ponerse en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Se trata de un delito de peligro concreto, esto es, de una infracción en la que ha de acreditarse que existieron personas respecto de las cuales hubo un riesgo para su integridad física, incluso para su vida; personas concretas, aunque pudieran no encontrarse identificadas.

Existen otros delitos que se denominan de peligro abstracto, en los cuales hay una peligrosidad general no específicamente recogida en la norma penal, pero que ha de concurrir porque constituye el fundamento de la punción que la ley establece (por ejemplo, el delito de conducir embriagado o drogado del art. 379).

Como tipo doloso, requiere no sólo el conocimiento de que la conducción es gravemente peligrosa con concreto peligro para las personas, sino, además, la voluntad de conducir de tal manera incide, así, con la conducta imprudente en la voluntaria creación de un peligro grave y no permitido en el tráfico. Así, la Sentencia del TS de 8 de octubre de 2004 (EDJ 2004/147793), con cita de su STS nº 877/1999, de 2 de junio (EDJ 1999/10599), señala que nos encontramos ante un delito que exige la concurrencia de dos elementos objetivos:

1º. La conducción de un vehículo a motor o de un ciclomotor con temeridad manifiesta.
2º. Que con tal modo de conducir se ponga en peligro concreto la vida o la integridad de las personas.

Por su parte, la Sentencia del TS de 29 de noviembre de 2001 (EDJ 2001/55656) añade que "el delito previsto en el artículo 380 CP exige dos elementos. De un lado, la conducción del vehículo de que se trate, ciclomotor o vehículo de motor, con temeridad manifiesta, lo que supone una notoria desatención a las normas reguladoras del tráfico, de forma valorable con claridad por un ciudadano medio, y de otro, que con tal conducta suponga un peligro concreto para la vida o la integridad de las personas; por lo tanto, la simple conducción temeraria, creadora simplemente por sí misma de un peligro abstracto no sería suficiente, debiendo quedar acreditada la existencia de un peligro concreto, que ha de derivarse de los hechos declarados probados".

Para finalizar, el delito de CONDUCCIÓN TEMERARIA requiere una conducción con temeridad manifiesta y una puesta en "concreto peligro" de la vida o integridad física de las personas, y, al igual que su precedente legislativo que se ubicaba en el art. 340 bis a).2º CP de 1973, se adscribe a la categoría de los delitos de peligro concreto, en los que resulta necesaria esa situación de específico riesgo para la vida o integridad de las personas. La conducta típica, en su vertiente objetiva, viene ceñida a la conducción con "temeridad manifiesta", esto es, con inobservancia total y absoluta de las más elementales normas de seguridad en el tráfico de vehículos, la cual -por manifiesta, es decir, patente y clara- ha de ser apreciable por cualquiera.
* INTERESANTE SENTENCIA EN LA QUE SE ABSUELVE A UNA PERSONA QUE CONDUCÍA SIN HABER TENIDO NUNCA PERMISO DE CONDUCCIÓN (TENÍA APROBADO EL TEÓRICO). SE ARGUMENTA QUE CUANDO NO HAY PROBADO UNA PUESTA EN PELIGRO DE LA SEGURIDAD VIAL (PELIGRO ABSTRACTO), SE TIENE QUE APLICAR LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, PORQUE PARA ESO ESTÁ EN VIGOR LA NORMA ADMINISTRATIVA (LEY DE SEGURIDAD VIAL).



Los accidentes de circulación en el casco urbano. ¿Cuándo hay que elaborar el atestado policial? ¿Qué artículos del Código Penal son los directamente aplicables en caso de accidente de circulación con heridos graves?
En primer, lugar la competencia a las Policías Locales para elaborar el atestado por accidente de circulación tiene su base jurídica en el art. 56 (que se remite a la LOFCS, además de establecer algunas concretas) de la Ley 13/2.001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y en el art. 53.1.c) de la LOFCS, 2/1.986, de 13 de marzo, "Instruir atestados por accidente de circulación dentro del casco urbano". Bien, hasta aquí, nada nuevo, antes de la entrada en vigor de las reforma del Código Penal por la LO 1/2.015, de 30 de marzo, en la que cambió lo referente a las lesiones por imprudencia menos grave (dicen que está asimilada a la imprudencia leve, aunque he podido constar que las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve se derivan hacia la vía civil en su modalidad de responsabilidad extra-contractual de los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil). Por ello, la imprudencia leve, quedará siempre amparada en el articulado del Código Civil y no penal, que es el caso de la mayoría de los accidentes de circulación, que se trasladan a la vía civil. En aplicación de este último inciso, bajo mi punto de vista, no haría falta la elaboración de ninguna diligencia en la mayoría de los accidentes de circulación con heridos de gravedad a consecuencia de una imprudencia leve; se dejaría en manos, como es bastante lógico, debido a la experiencia de los Juzgados (del ámbito penal) que trataban asuntos puramente civiles, de la jurisdicción civil y la intervención directa de las compañías aseguradoras de los vehículos implicados, en orden a defender los intereses de sus asegurados.

Sí hay que elaborar el atestado en caso de LESIONES.
1. Cuando en un accidente de circulación se deduzca por los agentes intervinientes que, en principio, pueda haber una imprudencia grave del artículo 152.1, con resultado de las lesiones previstas en los artículos 147.1, 149 (pérdida o inutilidad de un miembro principal) o 150 (pérdida o inutilidad de un miembro no principal), en estos casos, si habría que elaborar el atestado policial y remitirlo al juzgado. Pero es indispensable que se aprecie que pueda haberse producido una IMPRUDENCIA GRAVE por parte del conductor causante.2. Cuando en un accidente de tráfico se pueda deducir por los agentes intervinientes que pudiera haberse producido una imprudencia menos grave del artículo 152.2, con resultado de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150; es decir, con lesiones MUY GRAVES con pérdida o inutilidad de órgano principal o no principal. En ese supuesto, será necesario la DENUNCIA de la persona agraviada o víctima. Es lógico que, en este caso, y como prevención, se realice el atestado policial pero los casos son muy concretos: los de los artículos 149 y 150 que corresponden a LESIONES MUY GRAVES. Si se estimara que existen lesiones del artículo 147.1 y pudiera existir una imprudencia menos grave o leve, sería competencia de los juzgados de lo civil.
Por ello, ante un accidente de tráfico en el que se produzcan lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 y no exista, a priori, una imprudencia por parte del conductor causante o ésta pueda ser, a lo sumo, leve, no habrá que realizar el atestado policial, correspondiendo al ámbito civil. Sí, en cambio, cuando la imprudencia sea menos grave y se produzcan las lesiones de los artículos 149 y 150.
Reseñar que los agentes no catalogan las imprudencias, sino los juzgados, por supuesto. Por ello, es aconsejable a realizar el atestado policial en el caso de que las lesiones sean de gravedad, ya sean del artículo 147.1, del 149 o del 150.
Resumen de atestados por LESIONES:
a) Lesiones de los artículos 147.1,149 y 150 causadas por IMPRUDENCIA GRAVE: realizar el atestado policial y remisión al juzgado de guardia.b) Lesiones de los artículos 149 y 150 (especialmente graves) por IMPRUDENCIA MENOS GRAVE: realizar el atestado y remisión al juzgado de guardia, si se interpone la correspondiente denuncia por la persona agraviada por orden del artículo 152.2 (en la práctica policial, se envían al Juzgado).c) Lesiones del artículo 147.1 por imprudencia menos grave o leve: IMPUNE, no hay que realizar el atestado policial por ser competencia de los juzgados del ámbito civil. Se podría realizar diligencias a prevención o mandar al juzgado para la valoración del juez.d) Lesiones de los artículos 149 y 150 por imprudencia leve: IMPUNE, no hay que realizar el atestado policial por ser competencia de los juzgados de lo civil. Se podría realizar diligencias a prevención o mandar al juzgado para la valoración del juez.
En caso de HOMICIDIO en accidentes de circulación:
a) Por imprudencia grave cause la muerte de otro utilizando un vehículo a motor, artículo 142.1 CP. En este caso, lógicamente, hay que realizar el atestado y remitirlo al juzgado con detención, en su caso, del autor.
b) Por imprudencia menos grave, cause la muerte de otro utilizando un vehículo a motor, artículo 142.2. Hay que realizar atestado y remitirlo al juzgado, si se interpone la denuncia por la persona agraviada, según el artículo 142.2 (en la práctica policial, se envían al juzgado).
c) Los resultados de muerte en accidentes de circulación por mediar una imprudencia leve, es competencia de los juzgados de lo civil (en la práctica se hace el atestado y se envía al juez).

En caso de DAÑOS SUPERIORES A 80.000 € con motivo de accidentes de circulación:
Sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada, tal y como establece el artículo 267 del CP. Por ello, si se interpone la denuncia, se realiza el atestado y se envía al juzgado y si no se interpone la correspondiente denuncia, se harían diligencias a prevención. Si los daños no superan esta cantidad, se realizarían diligencias a prevención.

En todos los demás casos, es decir, lesiones no catalogadas como graves, tales como erosiones, esguinces cervicales, torceduras, lesiones que no requieren tratamiento médico, pequeñas quemaduras, arañazos... NO HAY QUE REALIZAR NADA por la fuerza policial aunque exista un parte facultativo; es perder el tiempo en hacer diligencias cuando las aseguradoras de las partes implicadas en el accidente están dotadas de todos los medios periciales y legales para la defensa de sus asegurados. Esto no obsta, para hacer una mención del accidente en el parte de servicio de los agentes con fotografías y versiones de los hechos de los implicados, sólo eso. La reforma del Código Penal en lo referente a este asunto, se ha realizado precisamente para agilizar los procedimientos por accidente de tráfico. Muchas veces, el desconocimiento o sencillamente por "matar mosquitos a cañonazos" se incita u ordena a los agentes que realicen atestados por todo, y esto no es efectivo ni eficaz.

LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2.015.


De los delitos relativos a la propiedad intelectual.

Artículo 270.
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.
3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente.
4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años.
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. * Atención este apartado también es un DELITO MENOS GRAVE, por tanto, procede la DETENCIÓN del sujeto activo. Estos son los casos de los manteros que venden CD'S y DVD'S de canciones de artistas y películas originales.
5.** Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, quienes:
  • a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
  • b) Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
  • c) Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
  • d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.
6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.


De los delitos relativos a la propiedad industrial.

Artículo 273.

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.
2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.
3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.

Artículo 274. 1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro,
a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u
b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.
2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en este artículo.
3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. * Atención este apartado también es un DELITO MENOS GRAVE, por tanto, procede la DETENCIÓN del sujeto activo. Estos son los casos de los manteros u otras personas que venden falsificaciones de ropa o con marcas confundibles con las originales.4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales.
Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

Resumen de los delitos que pasan a ser leves y los que se tramitan como menos graves (extraído de la web: www.abogacía.es).